Sin oportunidad para la Segunda Oportunidad en el Anteproyecto de Reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal.

Reproducimos íntegramente el artículo publicado por SEPIN Editorial Jurídica y elaborado por José María Puelles,  abogado, administrador concursal y experto en la Ley de Segunda Oportunidad. 

Artículo de José María Puelles publicado por SEPIN Editorial Jurídica

Cuando no hace ni año que entraba el vigor el Texto Refundido de la Ley Concursal, nos sorprende en pleno mes de agosto, el plazo de información pública del Anteproyecto de reforma de la Ley Concursal para adaptarnos a la Directiva europea de insolvencias. Se ignoran, puesto que no se conocen, los motivos que han llevado a nuestros rectores de la cosa publica a elegir precisamente el mes de vacaciones de los profesionales del sector para la apertura de ese plazo de alegaciones o de información pública.

Tal vez algún compañero más avispado tenga la tentación de pensar que se trata de una reforma que no va a gustar a los profesionales expertos en la insolvencia y en segunda oportunidad y, de ahí, que pueda pensarse que nuestros dirigentes tratan, al elegir precisamente este mes, de que no se presenten muchas alegaciones que pongan de manifiesto lo perverso y nefasto de la reforma.

Pero al contrario de lo que pudiera pensarse, los profesionales una vez más trabajamos en agosto para poner de manifiesto el retroceso que supone de la reforma, la merma en los derechos que implica la reforma y en lo negativa que esta es para los todos usuarios de la administración de justicia y del proceso concursal en particular. Así las cosas, pudiéramos en otro momento hablar de la inclusión de procedimientos concursales sin necesidad de abogado ni procurador, que no podemos olvidar que son una garantía del sistema, también de la existencia de procedimientos de insolvencia sin administrador concursal, ese sector tan incomprendido y atacado, que supone también una garantía para el usuario (¿Quién se ocupará ahora de la llevanza del proceso concursal?). Todo ello redundará en una peor tramitación de los procedimientos concursales.

Pero este articulo trata sobre el retroceso en la reforma sobre la segunda oportunidad. Comenzando por el análisis de la reforma en lo que a este punto se refiere, lo primero que nos sorprende es el gran numero de requisitos nuevos que han de cumplirse para que se conceda la segunda oportunidad. Y asi, reparen ustedes en el curioso hecho de que se exceptúan de la segunda oportunidad a cualesquiera personas que hayan sido sancionadas por una infracción tributaria, de seguridad social, del orden social o a toda persona a la que se le haya derivado algún tipo de responsabilidad administrativa.

Piénsese que el mero retraso en la presentación de una declaración trimestral impediría asi, que le fuera concedido a esa persona la segunda oportunidad. Piénsese igualmente que esos procedimientos de segunda oportunidad tienen como fundamento recuperar al emprendedor a fin de que acometa nuevos negocios y cree asi riqueza y puestos de trabajo. Con lo que este tipo de procedimientos van destinados precisamente a personas que han podido fracasar en proyectos anteriores y que, por tanto, normalmente podrán tener sanciones tributarias o de seguridad social, o se les haya derivado personalmente responsabilidades de proyectos anteriores.

Con las previsiones de la reforma se reduce notablemente el numero de personas a quien se le podrá aplicar esta segunda oportunidad, por lo que resulta patente que esta nueva norma no nace solo para adaptarse a la Directiva comunitaria, sino que es dirigida desde el poder público para reducir el ya escaso número de personas que se acojan al mecanismo de la segunda oportunidad. El legislador de la reforma plantea asi, a lo largo de todo el proyecto, un incremento del número de prohibiciones de exoneración que, curiosamente, no se recogen en la Directiva.

A título de ejemplo la directiva excluye de la exoneración las sanciones penales, cosa por otra lógica, pero el pre-legislador español excluye igualmente los cosos en que existan  sanciones administrativas tributarias, pretendiendo inducir al error de que pudiera existir una equiparación entre ambos tipos de sanciones. Aprovechando asi que el Pisuerga pasa por Valladolid y dado que nos tenemos que adaptar a la Directiva, se amplian las exclusiones de la exoneración. Igualmente trata el legislador de extender la prohibición de la exoneración a personas que ya hayan sido declaradas culpables en un concurso anterior.

No podemos estar mas en desacuerdo con tal previsión, no solo porque la introducción de tal causa de culpabilidad ya fue objeto de una enmienda del grupo socialista a la ley concursal anterior, que fue precisamente rechazada finalmente por el Parlamento, sino porque aleja de la segunda oportunidad a esos empresarios que pueden acometer nuevos proyectos. No es solo que tal previsión tampoco se contemple en la Directiva a la que se pretende que nos adaptemos, es que estamos ante una causa de exclusión que operará automáticamente sin examinar las circunstancias de esas personas, es que tal causa de exclusión de la exoneración debe de apreciarse en sede de culpabilidad concursal, donde esa persona pueda defenderse en un juicio contradictorio respetando el derecho de defensa que a toda persona (queremos suponer) protege.

Como decimos, estas exclusiones del Proyecto no se contemplan en la Directiva, luego es claro que son “cosecha propia” del legislador español que trata de reducir al máximo, con la excusa de la adaptación a la Directiva, los supuestos de la segunda oportunidad.

A mayor abundamiento, la reforma contempla la prohibición de exoneración en caso de que una persona se haya contemplado de forma temeraria o negligente al tiempo de contraer el endeudamiento o de evacuar sus obligaciones (¿qué demonios significa esto?). Igualmente ninguna de esas previsiones se contienen en la Directiva, luego nuevamente son de la única responsabilidad del legislador español. Pensamos igualmente que para apreciar tales consideraciones se han de derivar a la apreciación de la culpabilidad concursal y de un juicio contradictorio sobre la concurrencia de dichos supuestos. Pero a la hora de precisar lo que se considera temeridad o negligencia a la hora de contraer el endeudamiento, se entiende que concurre en caso de que no se utilicen las herramientas de alertas tempranas que, para una mayor ilustración se deja en manos de la AEAT y la TGSS, con lo que se cierra el circulo del “Gran Hermano” público que lo controle y lo fiscalice todo.

Pero la guinda de este pastel que ha cocinado nuestro querido pre-legislador es la prohibición de la exoneración del crédito publico. No se contempla tal prohibición en ningún apartado de la Directiva, nuevamente se trata de algo salido de la “propia cocina” del legislador español. Desde distintos sectores “de toda solvencia” se propugna que trata de una mala traducción del original del texto emanado del Parlamento europeo, basándose en un “informe independiente” del Fondo Monetario Internacional.

Discrepamos de tales consideraciones, el contenido del texto de la Directiva es claro, en el mismo no se prohíbe de manera alguna la exoneración del crédito publico y se propugna el establecimiento de al menos un sistema que conlleve la plena exoneración sin distinción entre tipos de créditos, cosa que además se recomendaba desde el propio Banco de España. El proyecto que nos ocupa, en consecuencia, va en contra de la Directiva y a buen seguro será objeto de distintas cuestiones prejudiciales que, al igual que en los procedimientos hipotecarios, jalonan nuestros juzgados y tribunales. La indeterminación de las normas, las hipotecarias y las de segunda oportunidad, se dirigen consciente e inequívocamente a torpedear la seguridad jurídica a crear una “balcanización” de estos tipos de procedimientos que hagan desistir al interesado en su inicio.

Los partidos políticos que no forman parte del gobierno y que no han participado de manera alguna en este nuevo desatino, tienen la oportunidad vía enmiendas de poner freno al desatino de la forma concursal que se nos propone, la ciudadanía los juzgará por su implicación en la reforma. En ese sentido las alegaciones que han efectuado los profesionales desde las asociaciones, colegios profesionales y colectivos son una buena muestra de las medidas que han de eliminarse en el proyecto. Esperemos que el trabajo que esos colectivos han hecho este verano, sustrayendo de sus vacaciones el tiempo para poner de manifiesto lo perverso de la reforma, no caiga en saco roto. Si los profesionales han estado a la altura, ahora es el tiempo de los políticos ¿estarán ellos a la altura?.  La respuesta a la vuelta de las vacaciones, feliz final de verano a todos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 preguntas y respuestas útiles sobre la Ley de Segunda Oportunidad y la cancelación de deudas. 

El aumento del número de personas con incapacidad para poder pagar todas sus deudas no ha parado de crecer en el último año, según seguimos constatando en nuestra www.webdesegundaoportunidad.com. La crisis económica que ha provocado los efectos de la Covid 19 está afectando a muchas personas que hoy no tienen capacidad para poder afrontar sus deudas, una situación que puede crecer en los próximos meses.

Por ello están creciendo los procedimientos vinculados a la Ley de la Segunda Oportunidad, como mecanismo que está a disposición de las personas físicas que no tienen ingresos ni bienes para poder pagar sus deudas. En este artículo exponemos algunas preguntas y respuestas clave para entender la Segunda Oportunidad.

Si se encuentra en esta situación de deudas que no puede pagar y desea que estudiemos su caso puede ponerse en contacto con nosotros en el teléfono 95 692 11 12, a través de nuestra web en este Formulario de Contacto o bien a través de la dirección de correo electrónico jmpuelles@ribon.es

1.- ¿Qué es la Ley de Segunda Oportunidad?

La Ley de la Segunda Oportunidad es un procedimiento que permite a una persona física, a una familia, a un autónomo, a un profesional o a un empresario poder renegociar o cancelar sus deudas de forma parcial o total. 

El objetivo para todas estas personas es poder recuperar la capacidad de continuar adelante sin la presión de unas deudas que no se pueden atender con sus ingresos y bienes actuales, así como facilitarles que puedan emprender otro proyecto profesional o empresarial. 

2. ¿Hay condiciones para poder utilizar la Ley de la Segunda Oportunidad? 

Sí. Para que una persona pueda acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad es obligatorio cumplir una serie de condiciones y requisitos: No tener un patrimonio para saldar las deudas; que la cantidad adeudada a terceros no supere los 5 millones de euros y, sobre todo, que la persona deudora demuestre que ha actuado de buena fe.

3. ¿Qué recomendación práctica hay para poder usar el mecanismo de la Ley de la Segunda Oportunidad?

Una acción esencial es tener al lado a un profesional especializado y experto en la Ley de la Segunda Oportunidad que asesore y dirija todo el procedimiento desde el inicio; que tenga capacidad para negociar un acuerdo de pago con los acreedores y, si esto no es posible, poder afrontar la vida judicial para obtener la cancelación total o parcial de las deuda. Este profesional debe garantizarle una actuación responsable. Lo contrario puede suponer cerrarse las puertas de forma definitiva para poder optar al mecanismo de Segunda Oportunidad. 

4. ¿Como funciona el procedimiento de la Segunda Oportunidad para la eliminación de deudas?

La Ley de la Segunda Oportunidad permite 2 opciones a las personas con deudas que no pueden saldar: o bien poder llegar a un Acuerdo Extrajudicial de Pago con los acreedores (bancos, clientes, terceras personas…) según sus ingresos; o bien solicitar el Beneficio de la Exoneración del Pasivo Insatisfecho -BEPI- y la cancelación total de las deudas.

a) El acuerdo extrajudicial de Pagos. La primera fase del procedimiento es negociar con los acreedores un Acuerdo Extrajudicial de Pagos para el pago de la deuda, fijando unas nuevas condiciones de quitas o de reestructuraciones para poder devolver el dinero con un plan de pagos, según la cantidad económica que puede asumir la persona y los plazos.

Hay que tener en cuenta que la Ley de Segunda Oportunidad persigue que las personas deudoras tengan la opción de empezar una nueva vida sin deudas. Pero también busca proteger los derechos de cobro de los acreedores de las deudas.

El plazo de negociación extrajudicial es de 2 meses. Si se llega a un acuerdo con los acreedores, no es necesario acudir a la fase judicial. Si no es posible cerrar un acuerdo con los acreedores se pasa a una segunda fase que se desarrolla en Vía Judicial. 

b) La Vía Judicial. En la vía judicial se persigue la cancelación total o parcial de las deudas. Será ele juez quien determine el Beneficio de la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) una vez que hayamos justificado varios aspectos esenciales como:

  • Haber negociado de forma previa con los acreedores
  • Que la persona no pueda afrontar las deudas, habiendo devuelto todo lo que sus posibilidades e ingresos le permite.
  • Que carece de dinero y de bienes para poder pagar las deudas.
  • Que el importe total de todas las deudas estén por debajo de 5 millones de euros.
  • Que el deudor ha actuado en todo momento de buena fe.
  • Que es la buena fe

Haber actuado siempre de buena fe, es un aspecto general que debemos tener muy en cuenta a través de algunos comportamientos y acciones básicas. Además de todo lo anterior deben darse otras circunstancias:

  • Si la persona es profesional autónomo o empresario, no haber sido declarado culpable en el concurso de acreedores, habiendo cumplido con ello los plazos de solicitud del concurso o las acciones previstas de refinanciación o reestructuración para hacer frente a la insolvencia
  • Además autónomos y emprendedores no podrán solicitar el procedimiento de Segunda Oportunidad si ya lo ejercieron en los 10 años anteriores.
  • Que la persona no haya recibido una condena por delitos contra el patrimonio, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, contra el orden socioeconómico o por falsedad documental.
  • Que no haya rechazado durante los últimos 4 años una oferta de empleo adecuada a su formación y capacidad, aunque en este caso no se especifican ni las condiciones, ni la retribución de la propuesta laboral recibida.

5. ¿Qué deudas se pueden cancelar?

Una vez cumplidos todos estos criterios en vía judicial se pueden cancelar las deudas existentes con entidades financieras (préstamos personales, créditos rápidos o microcréditos, tarjetas revolvió…), así como con empresas, clientes o terceras personas. 

  • Las deudas con la Administración Pública (Hacienda o Seguridad Social) no se pueden cancelar en principio, aunque varias sentencias y el propio Tribunal Supremo han abierto la posibilidad a que sí se puedan exonerar total o parcialmente.
  • Respecto a las hipotecas sobre la vivienda habitual de la persona con deudas, al tramitar la Ley de segunda oportunidad, y tener la vivienda habitual en propiedad, el Juez analizará qué ocurre en función de cada caso: si la vivienda ya está pagada o tiene cantidades pendientes, la cantidad total que aun se debe, el valor de la vivienda, la cuota mensual de la hipoteca.

6. ¿Qué ocurre con la vivienda de la persona con deudas?

  • Para casos en los que la compra de la vivienda sea más o menos reciente, se haya amortizado una cantidad pequeña, y que además tenga una cuota mensual elevada; puede plantearse la dación en pago, es decir entregar la vivienda al banco a cambio de la deuda. Esto nos permitirá ya no tener bienes y poder conseguir la exoneración de las deudas pendientes.
  • Si el precio de la vivienda en el mercado, es superior al de la cantidad pendiente de pago de la hipoteca, con su liquidación se cancela la hipoteca y se puede destinar el sobrante a pagar otras deudas. En este caso, poco se podrá hacer y se perderá la vivienda.
  • La liquidación de la vivienda habitual sólo tiene sentido cuando el resultado sea económicamente favorable a los acreedores. Por ello si el valor de la vivienda es igual o inferior a la deuda pendiente de amortizar de la hipoteca, se puede plantear que la persona conserve la vivienda y siga pagando las cuotas 

7 ¿Las deudas se eliminan para siempre?

Las deudas desaparecen de forma total una vez transcurrido 5 años desde la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. Durante este periodo las deudas no se tendrán que pagar, pero es el plazo establecido para que los acreedores puedan solicitar una revisión del caso si se sospecha que el deudor no ha obrado de buena fe o ha mejorado sustancialmente su capacidad económica.

En lo que respecta al futuro, una persona que ya se ha beneficiado de la Ley Segunda Oportunidad podría volver a una vez que haya transcurrido un periodo de 10 años.

José María Puelles y SEPIN presentan la tercera edición de la ‘Guía práctica de la segunda oportunidad de las personas físicas’

El abogado José María Puelles, experto en Derecho Concursal y en el sistema de Segunda Oportunidad, y la Editorial Jurídica SEPIN acaban de publicar la tercera edición de la obra ‘Guía práctica de la segunda oportunidad de las personas físicas’, que ya está disponible en la tienda on line de esta editorial con un precio especial de lanzamiento.

‘Guía práctica de la segunda oportunidad de las personas físicas’. 3ª Edición. EDITORIAL JURÍDICA SEPIN. Accede aquí para más información y compra

Gracias a este trabajo José María Puelles – impulsor del proyecto digital www.webdesegundaoportunidad.com – continúa trabajando para difundir y dar a conocer el procedimiento de Segunda Oportunidad, con toda la información actualizada y revisada sobre un sistema que está a disposición de aquellas personas físicas, autónomos, profesionales y empresarios que quieren hacer frente a sus deudas, obteniendo cancelaciones parciales de la misma siempre y cuando no tenga capacidad para pagarlas y demuestre que ha actuado de buena fe.

Hay que tener en cuenta que el nuevo Texto Refundido de la Ley Concursal, que entró en vigor en septiembre de 2020, ha supuesto un cambio significativo en el procedimiento de segunda oportunidad, ya que nos encontramos con un contenido normativo con destacadas innovaciones que no han dejado de sucederse desde la aplicación de este marco normativo

Para solventar las dudas interpretativas derivadas del nuevo texto, José María Puelles ha elaborado esta nueva edición de la Guía que sirve para entender y poner en valor esas novedades, configurando un manual de trabajo al servicio de los profesionales que trabajan en este campo de la segunda oportunidad.

Por ello José María Puelles ha actualizado los textos explicativos de la segunda oportunidad, los esquemas, los formularios y el apartado de jurisprudencia, al que ha incorporado las sentencias y autos más recientes emanados de nuestros Tribunales, que ya han interpretado dicho Texto Refundido.

La tercera edición de la ‘Guía práctica de la segunda oportunidad de las personas físicas’ cuenta con el patrocinio de Hermes Capital, Inmoconcursal y Viasubasta.