Una nueva sentencia obliga a Hacienda y Seguridad Social a perdonar las deudas de una mujer aplicando el criterio del Supremo sobre Segunda Oportunidad

Una magistrada de los Juzgados de Albacete ha vuelto a dictar una sentencia que obliga a Hacienda y a Seguridad Social a perdonar las deudas que una mujer mantenía con la Administración dentro del procedimiento que ha seguido para poder aplicar la Ley de Segunda Oportunidad. En www.webdesegundaoportunidad.com analizamos este auto en el que la jueza justifica su decisión en los pronunciamientos del Tribunal Supremo que incluye al crédito público en los planes de pagos y en el Beneficio de la Exoneración del Pasivo Insatisfecho o cancelación de deudas, una línea que ha seguido también los juzgados de Sevilla, Barcelona, Pontevedra o Baleares.

La sentencia se ha conocido tras el amplio debate de los expertos en Derecho Concursal sobre el Anteproyecto de Reforma de la Ley Concursal que el Gobierno ha aprobado y que impide precisamente que los créditos públicos puedan ser cancelados, aspecto que afecta de forma directa al mecanismo de la Ley Concursal.

Para justificar que los créditos públicos sí son exonerables y se pueden cancelar el Tribunal Supremo se apoyó en el contenido de la Directiva Europea sobre insolvencias que defiende este criterio con carácter general. Y es precisamente esta Directiva de obligado cumplimiento para todos los países de la Unión Europea lo que ha llevado a España a iniciar esta reforma concursal aún en trámite para su transposición.

En este caso concreto que se ha dirimido en los juzgados de Albacete, la magistrada ha abordado la situación de una mujer que se vio obligada a pedir un préstamo tras otro para poder pagar sus deudas que no podía atender tras una serie de circunstancias personales, profesionales y laborales. En concreto debía más de 61.000 euros y una parte de estas deudas eran obligaciones de pagos a Hacienda y a la Seguridad Social que no pudo afrontar.

Tras intentar negociar un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores (entidades financieras y administración pública) -que no aceptaron- el asunto inició la fase judicial en la que se solicitó la cancelación del 100 % de las deudas. Tanto la Tesorería General de la Seguridad Social, como la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) se opusieron al perdón de estas deudas, invocando en el procedimiento judicial que eran créditos de Derecho Público.

Sin embargo, la magistrada denegó este pronunciamiento y “aplicando el sentido común y los principios generales del Derecho” apuesta por aplicar los criterios del Tribunal Supremo en este caso y concede el BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho), dejando a esta mujer libre de tener que pagar los 61.000 euros de deuda. Además obliga a los bancos acreedores de la concursada, así como a Seguridad Social y Hacienda a no poder reclamar ningún pago más, ni incluirla en ficheros de morosos.

Nueva convocatoria del Curso de Especialización en Derecho Concursal con un enfoque práctico

El Aula Jurídica de SEPIN Editorial Jurídica organiza una nueva convocatoria del Curso de Especialización en Derecho Concursal que impartirá del 26 de octubre al 30 de noviembre José María Puelles Valencia, abogado, experto en Administración Concursal e impulsor de la plataforma www.webdesegundaoportunidad.com.

El curso destaca por su visión eminentemente práctica a partir de la fijación inicial de los conceptos teóricos claves de cada una de las 5 sesiones -una por semana- en que se divide el programa formativo

En este enlace de SEPIN Editorial Jurídica puede acceder al contenido completo del Cursos de Especialización en Derecho Concursal e inscribirse

Las 5 sesiones del programa se desarrollarán de 16,00 a 19,00 horas e incluyen áreas temáticas como los aspectos prácticos del derecho preconcursal (martes, 26 de octubre); la fase común del concurso (martes, 2 de noviembre); el  convenio (martes, 16 de noviembre de 2021); la liquidación (martes, 23 de noviembre) y la culpabilidad concursal y la conclusión del concurso (martes, 30 de noviembre de 2021).

La formación tampoco dejará de lado las novedades que se vienen produciendo alrededor del Anteproyecto de Reforma de la Ley Concursal aprobado por el Gobierno, teniendo en cuenta que aún le falta un notable recorrido tras el periodo de alegaciones al que ha estado sometido y los trámites que debe seguir hasta que llegue al Congreso y se someta a la fase de debate y de alegaciones por los diferentes grupos políticos.

Sin oportunidad para la Segunda Oportunidad en el Anteproyecto de Reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal.

Reproducimos íntegramente el artículo publicado por SEPIN Editorial Jurídica y elaborado por José María Puelles,  abogado, administrador concursal y experto en la Ley de Segunda Oportunidad. 

Artículo de José María Puelles publicado por SEPIN Editorial Jurídica

Cuando no hace ni año que entraba el vigor el Texto Refundido de la Ley Concursal, nos sorprende en pleno mes de agosto, el plazo de información pública del Anteproyecto de reforma de la Ley Concursal para adaptarnos a la Directiva europea de insolvencias. Se ignoran, puesto que no se conocen, los motivos que han llevado a nuestros rectores de la cosa publica a elegir precisamente el mes de vacaciones de los profesionales del sector para la apertura de ese plazo de alegaciones o de información pública.

Tal vez algún compañero más avispado tenga la tentación de pensar que se trata de una reforma que no va a gustar a los profesionales expertos en la insolvencia y en segunda oportunidad y, de ahí, que pueda pensarse que nuestros dirigentes tratan, al elegir precisamente este mes, de que no se presenten muchas alegaciones que pongan de manifiesto lo perverso y nefasto de la reforma.

Pero al contrario de lo que pudiera pensarse, los profesionales una vez más trabajamos en agosto para poner de manifiesto el retroceso que supone de la reforma, la merma en los derechos que implica la reforma y en lo negativa que esta es para los todos usuarios de la administración de justicia y del proceso concursal en particular. Así las cosas, pudiéramos en otro momento hablar de la inclusión de procedimientos concursales sin necesidad de abogado ni procurador, que no podemos olvidar que son una garantía del sistema, también de la existencia de procedimientos de insolvencia sin administrador concursal, ese sector tan incomprendido y atacado, que supone también una garantía para el usuario (¿Quién se ocupará ahora de la llevanza del proceso concursal?). Todo ello redundará en una peor tramitación de los procedimientos concursales.

Pero este articulo trata sobre el retroceso en la reforma sobre la segunda oportunidad. Comenzando por el análisis de la reforma en lo que a este punto se refiere, lo primero que nos sorprende es el gran numero de requisitos nuevos que han de cumplirse para que se conceda la segunda oportunidad. Y asi, reparen ustedes en el curioso hecho de que se exceptúan de la segunda oportunidad a cualesquiera personas que hayan sido sancionadas por una infracción tributaria, de seguridad social, del orden social o a toda persona a la que se le haya derivado algún tipo de responsabilidad administrativa.

Piénsese que el mero retraso en la presentación de una declaración trimestral impediría asi, que le fuera concedido a esa persona la segunda oportunidad. Piénsese igualmente que esos procedimientos de segunda oportunidad tienen como fundamento recuperar al emprendedor a fin de que acometa nuevos negocios y cree asi riqueza y puestos de trabajo. Con lo que este tipo de procedimientos van destinados precisamente a personas que han podido fracasar en proyectos anteriores y que, por tanto, normalmente podrán tener sanciones tributarias o de seguridad social, o se les haya derivado personalmente responsabilidades de proyectos anteriores.

Con las previsiones de la reforma se reduce notablemente el numero de personas a quien se le podrá aplicar esta segunda oportunidad, por lo que resulta patente que esta nueva norma no nace solo para adaptarse a la Directiva comunitaria, sino que es dirigida desde el poder público para reducir el ya escaso número de personas que se acojan al mecanismo de la segunda oportunidad. El legislador de la reforma plantea asi, a lo largo de todo el proyecto, un incremento del número de prohibiciones de exoneración que, curiosamente, no se recogen en la Directiva.

A título de ejemplo la directiva excluye de la exoneración las sanciones penales, cosa por otra lógica, pero el pre-legislador español excluye igualmente los cosos en que existan  sanciones administrativas tributarias, pretendiendo inducir al error de que pudiera existir una equiparación entre ambos tipos de sanciones. Aprovechando asi que el Pisuerga pasa por Valladolid y dado que nos tenemos que adaptar a la Directiva, se amplian las exclusiones de la exoneración. Igualmente trata el legislador de extender la prohibición de la exoneración a personas que ya hayan sido declaradas culpables en un concurso anterior.

No podemos estar mas en desacuerdo con tal previsión, no solo porque la introducción de tal causa de culpabilidad ya fue objeto de una enmienda del grupo socialista a la ley concursal anterior, que fue precisamente rechazada finalmente por el Parlamento, sino porque aleja de la segunda oportunidad a esos empresarios que pueden acometer nuevos proyectos. No es solo que tal previsión tampoco se contemple en la Directiva a la que se pretende que nos adaptemos, es que estamos ante una causa de exclusión que operará automáticamente sin examinar las circunstancias de esas personas, es que tal causa de exclusión de la exoneración debe de apreciarse en sede de culpabilidad concursal, donde esa persona pueda defenderse en un juicio contradictorio respetando el derecho de defensa que a toda persona (queremos suponer) protege.

Como decimos, estas exclusiones del Proyecto no se contemplan en la Directiva, luego es claro que son “cosecha propia” del legislador español que trata de reducir al máximo, con la excusa de la adaptación a la Directiva, los supuestos de la segunda oportunidad.

A mayor abundamiento, la reforma contempla la prohibición de exoneración en caso de que una persona se haya contemplado de forma temeraria o negligente al tiempo de contraer el endeudamiento o de evacuar sus obligaciones (¿qué demonios significa esto?). Igualmente ninguna de esas previsiones se contienen en la Directiva, luego nuevamente son de la única responsabilidad del legislador español. Pensamos igualmente que para apreciar tales consideraciones se han de derivar a la apreciación de la culpabilidad concursal y de un juicio contradictorio sobre la concurrencia de dichos supuestos. Pero a la hora de precisar lo que se considera temeridad o negligencia a la hora de contraer el endeudamiento, se entiende que concurre en caso de que no se utilicen las herramientas de alertas tempranas que, para una mayor ilustración se deja en manos de la AEAT y la TGSS, con lo que se cierra el circulo del “Gran Hermano” público que lo controle y lo fiscalice todo.

Pero la guinda de este pastel que ha cocinado nuestro querido pre-legislador es la prohibición de la exoneración del crédito publico. No se contempla tal prohibición en ningún apartado de la Directiva, nuevamente se trata de algo salido de la “propia cocina” del legislador español. Desde distintos sectores “de toda solvencia” se propugna que trata de una mala traducción del original del texto emanado del Parlamento europeo, basándose en un “informe independiente” del Fondo Monetario Internacional.

Discrepamos de tales consideraciones, el contenido del texto de la Directiva es claro, en el mismo no se prohíbe de manera alguna la exoneración del crédito publico y se propugna el establecimiento de al menos un sistema que conlleve la plena exoneración sin distinción entre tipos de créditos, cosa que además se recomendaba desde el propio Banco de España. El proyecto que nos ocupa, en consecuencia, va en contra de la Directiva y a buen seguro será objeto de distintas cuestiones prejudiciales que, al igual que en los procedimientos hipotecarios, jalonan nuestros juzgados y tribunales. La indeterminación de las normas, las hipotecarias y las de segunda oportunidad, se dirigen consciente e inequívocamente a torpedear la seguridad jurídica a crear una “balcanización” de estos tipos de procedimientos que hagan desistir al interesado en su inicio.

Los partidos políticos que no forman parte del gobierno y que no han participado de manera alguna en este nuevo desatino, tienen la oportunidad vía enmiendas de poner freno al desatino de la forma concursal que se nos propone, la ciudadanía los juzgará por su implicación en la reforma. En ese sentido las alegaciones que han efectuado los profesionales desde las asociaciones, colegios profesionales y colectivos son una buena muestra de las medidas que han de eliminarse en el proyecto. Esperemos que el trabajo que esos colectivos han hecho este verano, sustrayendo de sus vacaciones el tiempo para poner de manifiesto lo perverso de la reforma, no caiga en saco roto. Si los profesionales han estado a la altura, ahora es el tiempo de los políticos ¿estarán ellos a la altura?.  La respuesta a la vuelta de las vacaciones, feliz final de verano a todos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ministerio de Justicia emite su Informe sobre el Anteproyecto de Reforma de la Ley Concursal

El Gobierno ha hecho público el Informe que ha recibido del Ministerio de Justicia para avanzar en el Anteproyecto para la Reforma de la Ley Concursal. En www.webdesegundaoportunidad.com estamos muy pendientes de todas las novedades que se generan alrededor de esta Ley, ya que la misma incluye también todo lo relativo a la Ley de Segunda Oportunidad. 
Esta nueva reforma de la Ley Concursal se produce una vez que España debe transponer la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europe y del Consejo de 20 de junio de 2019 sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas.
En el informe se destaca que el citado Anteproyecto favorece la refinanciación de las empresas y los acuerdos preconcursales, y concilia la satisfacción de los acreedores con la recuperación de la situación de solvencia empresarial. Además entre los objetivos de la nueva Ley Concursal también se señala la importancia de permitir dar salidas al deudor al margen del proceso concursal y de descongestionar los juzgados de lo mercantil. Asimismo se otorgan mayores atribuciones a los administradores concursales, exigiéndoles en consecuencia mayor responsabilidad, todo ello para asegurar la viabilidad empresarial o, en su caso, la solución más rápida del proceso concursal.
Puede acceder al documento con el contenido integro del Anteproyecto de Reforma de la Ley Concursal en este enlace: Anteproyecto de Ley Reforma L.Co._8.7.2021
La información oficial que ha trasladado el Gobierno concreta lo siguiente:

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley Concursal, continuación de la efectuada mediante el Real Decreto-Ley de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal, del 27 de marzo de 2009.

Tras la aprobación de esta norma, a fin de llevar a cabo una reforma de la Ley Concursal más profunda y equilibrada, se constituyó una Sección Especial de la Comisión General de Codificación, integrada por diecisiete expertos de distinta procedencia profesional jurídica y económica. La propuesta de esta Sección Especial constituye la base de lo que hoy se presenta como Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley Concursal.

El Anteproyecto, a partir del mantenimiento de los principios esenciales de la vigente Ley, se propone normalizar el papel del concurso y que se constituya como un instrumento al servicio de la viabilidad de las empresas y no sólo como fórmula para su liquidación cuando entran en dificultades.

La reforma profundiza en la línea de la simplificación, agilización y abaratamiento del proceso de concurso.

Entre los aspectos más relevantes de las reformas propuestas figuran:

  • El establecimiento de alternativas al concurso.
  • El desarrollo del procedimiento abreviado o simplificado.
  • La administración concursal.
  • Las reformas en materia laboral.

Alternativas al concurso

El Anteproyecto presta especial atención a las soluciones preconcursales como mecanismos alternativos que faciliten eludir la necesidad de ir a concurso y ofrece una salida a la situación de insolvencia del deudor, lo que permitirá descongestionar los Juzgados de lo Mercantil.

Los objetivos que se persiguen pasan por:

a) Facilitar, tanto las propuestas anticipadas de convenio como la conclusión de acuerdos de refinanciación de deuda entre el deudor y algunos de sus principales acreedores, dotándoles de seguridad y garantía en un eventual procedimiento concursal.

b) Impulsar los acuerdos extrajudiciales de refinanciación que permitirían, sobre la base de la continuidad de la actividad, maximizar el valor del patrimonio del deudor común, incrementando las posibilidades de que incluso los acreedores no intervinientes en el acuerdo puedan satisfacer en mayor medida sus créditos.

Para ello, por un lado, se aclara la exclusiva legitimación de la administración concursal para impugnar acuerdos de refinanciación; y, por otro, se hace una nueva regulación sobre los acuerdos de este tipo que pueden homologarse ante el juez.

Esta homologación judicial permite extender los efectos del acuerdo a otros acreedores, aunque se hubieran mostrado en contra o no hubieran participado en el acuerdo. Para ello ha de tratarse de acuerdos dirigidos a asegurar la continuidad de la actividad empresarial, según la certificación de un experto independiente.

Además, los acreedores que suscriben el acuerdo deberán ser financieros y representar, al menos, el 75 por 100 del pasivo (deuda). Si concurren esas mayorías y no suponen un sacrificio desproporcionado para los acreedores minoritarios, el juez lo homologará siempre con el objetivo de facilitar la viabilidad de la sociedad. Con esta reforma se potencia el crédito a las empresas que lo necesitan en estos momentos.

En línea con estos instrumentos preconcursales se introduce por primera vez la regulación del llamado «dinero fresco» que los acreedores inyectan a las empresas en dificultades en el marco de un acuerdo de refinanciación. La nueva norma establece que el 50 por 100 de ese dinero nuevo que llega a la empresa gracias al acuerdo de refinanciación, y que supone nuevos ingresos de tesorería para la misma, tiene la consideración de crédito contra la masa (prioridad de cobro), lo que supone la mayor garantía para las entidades financieras que concedan nuevos créditos para reflotar la empresa y un elemento más en la evaluación de la concesión crédito.

Desarrollo del procedimiento abreviado o simplificado

Con el fin de reducir tiempos y costes del proceso concursal se prevé que el juez podrá aplicar el procedimiento abreviado cuando considere que el concurso reviste escasa complejidad, atendiendo a una serie de datos objetivos sin perjuicio de la posible valoración individual que en cada caso pueda hacer, al igual que en otros casos, como cuando el deudor presente una propuesta anticipada de convenio, de transmisión de la empresa o cese de la actividad sin trabajadores a su cargo.

Administración concursal

Se avanza también en la profesionalización de la administración concursal, tanto por la vía de los requisitos de la responsabilidad, como de la capacitación de los mismos. En la reforma se considera la administración una pieza clave en la asistencia judicial, que puede ayudar a la descongestión de los Juzgados Mercantiles y reservar a sus titulares las funciones que constitucionalmente le corresponden.

Por ello, en la nueva Ley los administradores tienen la capacidad para subsanar los errores del listado de acreedores, lo que reducirá, en gran medida, las demandas de incidentes concursales, principal causa de retraso en los procedimientos.

Se potencia el nombramiento en cualquier concurso, sea ordinario o abreviado, de los auxiliares delegados y se introduce la posibilidad de que la administración concursal sea desarrollada por una persona jurídica, figura que podría denominarse como «sociedad de administración concursal».

Reformas en materia laboral

La reforma de la Ley Concursal también pretende mejorar la posición de los trabajadores en los concursos manteniendo el criterio de atribución al juez del concurso de la jurisdicción exclusiva y excluyente, y manteniendo las reformas del Real Decreto Ley de 2009. Además, se incorporan las modificaciones de la reciente reforma laboral y se garantiza el respeto de los derechos de los trabajadores afectados por la situación de una empresa en crisis, adaptando la Ley Concursal, para que la declaración del concurso tenga en este sentido el menor impacto posible.

De este modo, se resuelven las dudas interpretativas suscitadas en orden a la participación de los representantes de los trabajadores, del FOGASA y las relativas a los procedimientos y recursos en materia laboral.

 

Anteproyecto de Ley Reforma L.Co._8.7.2021