Una mujer de Palma de Mallorca logra cancelar una deuda con varias entidades bancarias gracias a la Ley de Segunda Oportunidad

El Juzgado de Primera Instancia nº4 de Palma de Mallorca ha acordado en un auto con fecha de 15 de septiembre de 2021 conceder a un mujer el Beneficio de la Exoneración del Pasivo Insatisfecho en aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad. Gracias a esto, la mujer ha logrado cancelar las deudas que tenía con varias entidades financieras a las que no podía pagar las cuotas de los préstamos formalizados al no tener ingresos, ni bienes que liquidar.

En el procedimiento ha intervenido como administrador concursal José María Puelles Valencia, abogado y experto en la Ley de Segunda Oportunidad, quien además está al frente de la plataforma www.webdesegundaoportunidad.com.

Aquí puede Descargar Auto de Juzgado de Primera Instancia nº4 Palma de Mallorca

La magistrada de este Juzgado justifica la concesión de esta cancelación de deudas a través del Beneficio de la Exoneración del Pasivo Insatisfecho en que esta persona deudora reúne todos los requisitos que la Ley de Segunda Oportunidad establece para que personas físicas, autónomos o empresarios puedan cancelar sus deudas de forma total o parcial. 

Entre estos requisitos destaca haber actuado de buena fe; no estar condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso; que no existan antecedentes penales.

También se establece que no consten pendientes de pago ni créditos contra la masa, ni privilegiados y que la persona concursada haya intentado alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con las entidades financieras a las que debía dinero, aspecto éste último desarrollado sin que haya sido posible ningún tipo de acuerdo.

Dado que administrador concursal fijó en su informe que esta persona no disponía de bienes susceptibles de liquidación, la magistrada establece en el Auto que procede el Beneficio de la Exoneración del Pasivo Insatisfecho y la conclusión del concurso por insuficiencia de la masa, dado que se ha dado ha dado traslado a los acreedores personados sin que ninguno de ellos haya formulado oposición.

Gracias a este procedimiento de Segunda Oportunidad los bancos acreedores de la persona concursada no podrán reclamarle ningún pago más, ni podrán incluirla en ficheros de morosos.

Una nueva sentencia obliga a Hacienda y Seguridad Social a perdonar las deudas de una mujer aplicando el criterio del Supremo sobre Segunda Oportunidad

Una magistrada de los Juzgados de Albacete ha vuelto a dictar una sentencia que obliga a Hacienda y a Seguridad Social a perdonar las deudas que una mujer mantenía con la Administración dentro del procedimiento que ha seguido para poder aplicar la Ley de Segunda Oportunidad. En www.webdesegundaoportunidad.com analizamos este auto en el que la jueza justifica su decisión en los pronunciamientos del Tribunal Supremo que incluye al crédito público en los planes de pagos y en el Beneficio de la Exoneración del Pasivo Insatisfecho o cancelación de deudas, una línea que ha seguido también los juzgados de Sevilla, Barcelona, Pontevedra o Baleares.

La sentencia se ha conocido tras el amplio debate de los expertos en Derecho Concursal sobre el Anteproyecto de Reforma de la Ley Concursal que el Gobierno ha aprobado y que impide precisamente que los créditos públicos puedan ser cancelados, aspecto que afecta de forma directa al mecanismo de la Ley Concursal.

Para justificar que los créditos públicos sí son exonerables y se pueden cancelar el Tribunal Supremo se apoyó en el contenido de la Directiva Europea sobre insolvencias que defiende este criterio con carácter general. Y es precisamente esta Directiva de obligado cumplimiento para todos los países de la Unión Europea lo que ha llevado a España a iniciar esta reforma concursal aún en trámite para su transposición.

En este caso concreto que se ha dirimido en los juzgados de Albacete, la magistrada ha abordado la situación de una mujer que se vio obligada a pedir un préstamo tras otro para poder pagar sus deudas que no podía atender tras una serie de circunstancias personales, profesionales y laborales. En concreto debía más de 61.000 euros y una parte de estas deudas eran obligaciones de pagos a Hacienda y a la Seguridad Social que no pudo afrontar.

Tras intentar negociar un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores (entidades financieras y administración pública) -que no aceptaron- el asunto inició la fase judicial en la que se solicitó la cancelación del 100 % de las deudas. Tanto la Tesorería General de la Seguridad Social, como la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) se opusieron al perdón de estas deudas, invocando en el procedimiento judicial que eran créditos de Derecho Público.

Sin embargo, la magistrada denegó este pronunciamiento y “aplicando el sentido común y los principios generales del Derecho” apuesta por aplicar los criterios del Tribunal Supremo en este caso y concede el BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho), dejando a esta mujer libre de tener que pagar los 61.000 euros de deuda. Además obliga a los bancos acreedores de la concursada, así como a Seguridad Social y Hacienda a no poder reclamar ningún pago más, ni incluirla en ficheros de morosos.

Sin oportunidad para la Segunda Oportunidad en el Anteproyecto de Reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal.

Reproducimos íntegramente el artículo publicado por SEPIN Editorial Jurídica y elaborado por José María Puelles,  abogado, administrador concursal y experto en la Ley de Segunda Oportunidad. 

Artículo de José María Puelles publicado por SEPIN Editorial Jurídica

Cuando no hace ni año que entraba el vigor el Texto Refundido de la Ley Concursal, nos sorprende en pleno mes de agosto, el plazo de información pública del Anteproyecto de reforma de la Ley Concursal para adaptarnos a la Directiva europea de insolvencias. Se ignoran, puesto que no se conocen, los motivos que han llevado a nuestros rectores de la cosa publica a elegir precisamente el mes de vacaciones de los profesionales del sector para la apertura de ese plazo de alegaciones o de información pública.

Tal vez algún compañero más avispado tenga la tentación de pensar que se trata de una reforma que no va a gustar a los profesionales expertos en la insolvencia y en segunda oportunidad y, de ahí, que pueda pensarse que nuestros dirigentes tratan, al elegir precisamente este mes, de que no se presenten muchas alegaciones que pongan de manifiesto lo perverso y nefasto de la reforma.

Pero al contrario de lo que pudiera pensarse, los profesionales una vez más trabajamos en agosto para poner de manifiesto el retroceso que supone de la reforma, la merma en los derechos que implica la reforma y en lo negativa que esta es para los todos usuarios de la administración de justicia y del proceso concursal en particular. Así las cosas, pudiéramos en otro momento hablar de la inclusión de procedimientos concursales sin necesidad de abogado ni procurador, que no podemos olvidar que son una garantía del sistema, también de la existencia de procedimientos de insolvencia sin administrador concursal, ese sector tan incomprendido y atacado, que supone también una garantía para el usuario (¿Quién se ocupará ahora de la llevanza del proceso concursal?). Todo ello redundará en una peor tramitación de los procedimientos concursales.

Pero este articulo trata sobre el retroceso en la reforma sobre la segunda oportunidad. Comenzando por el análisis de la reforma en lo que a este punto se refiere, lo primero que nos sorprende es el gran numero de requisitos nuevos que han de cumplirse para que se conceda la segunda oportunidad. Y asi, reparen ustedes en el curioso hecho de que se exceptúan de la segunda oportunidad a cualesquiera personas que hayan sido sancionadas por una infracción tributaria, de seguridad social, del orden social o a toda persona a la que se le haya derivado algún tipo de responsabilidad administrativa.

Piénsese que el mero retraso en la presentación de una declaración trimestral impediría asi, que le fuera concedido a esa persona la segunda oportunidad. Piénsese igualmente que esos procedimientos de segunda oportunidad tienen como fundamento recuperar al emprendedor a fin de que acometa nuevos negocios y cree asi riqueza y puestos de trabajo. Con lo que este tipo de procedimientos van destinados precisamente a personas que han podido fracasar en proyectos anteriores y que, por tanto, normalmente podrán tener sanciones tributarias o de seguridad social, o se les haya derivado personalmente responsabilidades de proyectos anteriores.

Con las previsiones de la reforma se reduce notablemente el numero de personas a quien se le podrá aplicar esta segunda oportunidad, por lo que resulta patente que esta nueva norma no nace solo para adaptarse a la Directiva comunitaria, sino que es dirigida desde el poder público para reducir el ya escaso número de personas que se acojan al mecanismo de la segunda oportunidad. El legislador de la reforma plantea asi, a lo largo de todo el proyecto, un incremento del número de prohibiciones de exoneración que, curiosamente, no se recogen en la Directiva.

A título de ejemplo la directiva excluye de la exoneración las sanciones penales, cosa por otra lógica, pero el pre-legislador español excluye igualmente los cosos en que existan  sanciones administrativas tributarias, pretendiendo inducir al error de que pudiera existir una equiparación entre ambos tipos de sanciones. Aprovechando asi que el Pisuerga pasa por Valladolid y dado que nos tenemos que adaptar a la Directiva, se amplian las exclusiones de la exoneración. Igualmente trata el legislador de extender la prohibición de la exoneración a personas que ya hayan sido declaradas culpables en un concurso anterior.

No podemos estar mas en desacuerdo con tal previsión, no solo porque la introducción de tal causa de culpabilidad ya fue objeto de una enmienda del grupo socialista a la ley concursal anterior, que fue precisamente rechazada finalmente por el Parlamento, sino porque aleja de la segunda oportunidad a esos empresarios que pueden acometer nuevos proyectos. No es solo que tal previsión tampoco se contemple en la Directiva a la que se pretende que nos adaptemos, es que estamos ante una causa de exclusión que operará automáticamente sin examinar las circunstancias de esas personas, es que tal causa de exclusión de la exoneración debe de apreciarse en sede de culpabilidad concursal, donde esa persona pueda defenderse en un juicio contradictorio respetando el derecho de defensa que a toda persona (queremos suponer) protege.

Como decimos, estas exclusiones del Proyecto no se contemplan en la Directiva, luego es claro que son “cosecha propia” del legislador español que trata de reducir al máximo, con la excusa de la adaptación a la Directiva, los supuestos de la segunda oportunidad.

A mayor abundamiento, la reforma contempla la prohibición de exoneración en caso de que una persona se haya contemplado de forma temeraria o negligente al tiempo de contraer el endeudamiento o de evacuar sus obligaciones (¿qué demonios significa esto?). Igualmente ninguna de esas previsiones se contienen en la Directiva, luego nuevamente son de la única responsabilidad del legislador español. Pensamos igualmente que para apreciar tales consideraciones se han de derivar a la apreciación de la culpabilidad concursal y de un juicio contradictorio sobre la concurrencia de dichos supuestos. Pero a la hora de precisar lo que se considera temeridad o negligencia a la hora de contraer el endeudamiento, se entiende que concurre en caso de que no se utilicen las herramientas de alertas tempranas que, para una mayor ilustración se deja en manos de la AEAT y la TGSS, con lo que se cierra el circulo del “Gran Hermano” público que lo controle y lo fiscalice todo.

Pero la guinda de este pastel que ha cocinado nuestro querido pre-legislador es la prohibición de la exoneración del crédito publico. No se contempla tal prohibición en ningún apartado de la Directiva, nuevamente se trata de algo salido de la “propia cocina” del legislador español. Desde distintos sectores “de toda solvencia” se propugna que trata de una mala traducción del original del texto emanado del Parlamento europeo, basándose en un “informe independiente” del Fondo Monetario Internacional.

Discrepamos de tales consideraciones, el contenido del texto de la Directiva es claro, en el mismo no se prohíbe de manera alguna la exoneración del crédito publico y se propugna el establecimiento de al menos un sistema que conlleve la plena exoneración sin distinción entre tipos de créditos, cosa que además se recomendaba desde el propio Banco de España. El proyecto que nos ocupa, en consecuencia, va en contra de la Directiva y a buen seguro será objeto de distintas cuestiones prejudiciales que, al igual que en los procedimientos hipotecarios, jalonan nuestros juzgados y tribunales. La indeterminación de las normas, las hipotecarias y las de segunda oportunidad, se dirigen consciente e inequívocamente a torpedear la seguridad jurídica a crear una “balcanización” de estos tipos de procedimientos que hagan desistir al interesado en su inicio.

Los partidos políticos que no forman parte del gobierno y que no han participado de manera alguna en este nuevo desatino, tienen la oportunidad vía enmiendas de poner freno al desatino de la forma concursal que se nos propone, la ciudadanía los juzgará por su implicación en la reforma. En ese sentido las alegaciones que han efectuado los profesionales desde las asociaciones, colegios profesionales y colectivos son una buena muestra de las medidas que han de eliminarse en el proyecto. Esperemos que el trabajo que esos colectivos han hecho este verano, sustrayendo de sus vacaciones el tiempo para poner de manifiesto lo perverso de la reforma, no caiga en saco roto. Si los profesionales han estado a la altura, ahora es el tiempo de los políticos ¿estarán ellos a la altura?.  La respuesta a la vuelta de las vacaciones, feliz final de verano a todos.