El nuevo Proyecto de Ley Concursal y la Directiva Europea: dos visiones sobre la cancelación de las deudas públicas

La mayoría de análisis sobre el Proyecto de Ley de Reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal que ha aprobado el Gobierno para su tramitación en el Congreso de los Diputados coinciden en expresar el desacuerdo sobre el trato que tienen las deudas con Seguridad Social y Hacienda. En nuestra plataforma www.webdesegundaoportunidad.com venimos defendiendo que estos créditos deben poderse cancelar cuando la persona deudora cumple los preceptos para obtener el perdón de estas deudas.

Como ya hemos explicado en análisis anteriores, las deudas que una persona física -ya sea particular, autónomo o empresario- mantengan con la Agencia Estatal de Administración Tributaria o con la Tesorería General de la Seguridad Social no podrán exonerarse, ni cancelarse cuando se acuda al mecanismo de la Segunda Oportunidad, tal y como este queda regulado en el mencionado Proyecto de Ley. Tan solo será posible exonerar hasta un máximo de 1.000 euros del total de las deudas con Hacienda y otros 1.000 euros en el caso de las cantidades pendientes con Seguridad Social.

Este planteamiento consideramos que vulnera el espíritu y el contenido de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, que precisamente es el motivo que ha obligado a España elaborar este nuevo Proyecto de Ley Concursal ya que es obligatoria la transposición de los principios recogidos en esta Directiva.

Pues bien, esta transposición de la Directiva sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas en ningún momento recoge de forma específica que los créditos públicos -por ejemplo las deudas con Seguridad Social, Hacienda u otros organismos públicos- no puedan exonerarse o cancelarse

A este respecto el Artículo 23 de la Directiva es claro a la de hora de concretar que categorías quedan fuera de la exoneración de deudas. Así determina que “los Estados miembros podrán excluir algunas categorías específicas de la exoneración de deudas, o limitar el acceso a la exoneración de deudas, o establecer un plazo más largo para la exoneración de deudas en caso de que tales exclusiones, restricciones o prolongaciones de plazos estén debidamente justificadas, en los siguientes casos:

  • Deudas garantizadas.
  • Deudas derivadas de sanciones penales o relacionadas con estas.
  • Deudas derivadas de responsabilidad extracontractual.
  • deudas relativas a obligaciones de alimentos derivadas de relaciones de familia, de parentesco, de matrimonio o de afinidad.
  • Deudas contraídas tras la solicitud o la apertura del procedimiento conducente a la exoneración de deudas, y
  • Deudas derivadas de la obligación de pagar los costes de un procedimiento conducente a la exoneración de deudas.

Ninguna de estas categorías anteriores de exclusiones hace mención al crédito público. Tan solo se menciona la imposibilidad de  exonerar aquellas deudas derivadas de sanciones penales o relacionadas con éstas. Por lo tanto, debiera ser incluido en la exoneración todo el crédito público que no emane de sanciones penales.

Al Proyecto de Ley le queda ahora una tramitación en las Cortes hasta su aprobación definitiva en del segundo semestre de este año 2022. Desconocemos qué propuestas realizarán los diferentes grupos políticos para mejorar la ley y las alegaciones que recibirá el nuevo texto. Sin embargo, parece poco probable que haya un cambio de criterio respecto del privilegio que reciben estos créditos públicos

Los expertos en la Ley de Segunda Oportunidad seguiremos insistiendo en la necesidad de que estos créditos públicos puedan cancelarse. Es imposible afrontar un nuevo proyecto de vida o un nuevo proyecto empresarial si estas deudas siguen estando vivas. Habrá que esperar al contenido de la Ley que finalmente se apruebe, a los criterios que los jueces de lo Mercantil vayan tomando y sobre todo al funcionamiento de la justicia europea, que puede sacar los colores a España -una vez más- por no culminar de forma correcta la transposición de una Directiva europea.

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