Una nueva sentencia obliga a Hacienda y Seguridad Social a perdonar las deudas de una mujer aplicando el criterio del Supremo sobre Segunda Oportunidad

Una magistrada de los Juzgados de Albacete ha vuelto a dictar una sentencia que obliga a Hacienda y a Seguridad Social a perdonar las deudas que una mujer mantenía con la Administración dentro del procedimiento que ha seguido para poder aplicar la Ley de Segunda Oportunidad. En www.webdesegundaoportunidad.com analizamos este auto en el que la jueza justifica su decisión en los pronunciamientos del Tribunal Supremo que incluye al crédito público en los planes de pagos y en el Beneficio de la Exoneración del Pasivo Insatisfecho o cancelación de deudas, una línea que ha seguido también los juzgados de Sevilla, Barcelona, Pontevedra o Baleares.

La sentencia se ha conocido tras el amplio debate de los expertos en Derecho Concursal sobre el Anteproyecto de Reforma de la Ley Concursal que el Gobierno ha aprobado y que impide precisamente que los créditos públicos puedan ser cancelados, aspecto que afecta de forma directa al mecanismo de la Ley Concursal.

Para justificar que los créditos públicos sí son exonerables y se pueden cancelar el Tribunal Supremo se apoyó en el contenido de la Directiva Europea sobre insolvencias que defiende este criterio con carácter general. Y es precisamente esta Directiva de obligado cumplimiento para todos los países de la Unión Europea lo que ha llevado a España a iniciar esta reforma concursal aún en trámite para su transposición.

En este caso concreto que se ha dirimido en los juzgados de Albacete, la magistrada ha abordado la situación de una mujer que se vio obligada a pedir un préstamo tras otro para poder pagar sus deudas que no podía atender tras una serie de circunstancias personales, profesionales y laborales. En concreto debía más de 61.000 euros y una parte de estas deudas eran obligaciones de pagos a Hacienda y a la Seguridad Social que no pudo afrontar.

Tras intentar negociar un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores (entidades financieras y administración pública) -que no aceptaron- el asunto inició la fase judicial en la que se solicitó la cancelación del 100 % de las deudas. Tanto la Tesorería General de la Seguridad Social, como la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) se opusieron al perdón de estas deudas, invocando en el procedimiento judicial que eran créditos de Derecho Público.

Sin embargo, la magistrada denegó este pronunciamiento y “aplicando el sentido común y los principios generales del Derecho” apuesta por aplicar los criterios del Tribunal Supremo en este caso y concede el BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho), dejando a esta mujer libre de tener que pagar los 61.000 euros de deuda. Además obliga a los bancos acreedores de la concursada, así como a Seguridad Social y Hacienda a no poder reclamar ningún pago más, ni incluirla en ficheros de morosos.

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