El Ministerio de Justicia emite su Informe sobre el Anteproyecto de Reforma de la Ley Concursal

El Gobierno ha hecho público el Informe que ha recibido del Ministerio de Justicia para avanzar en el Anteproyecto para la Reforma de la Ley Concursal. En www.webdesegundaoportunidad.com estamos muy pendientes de todas las novedades que se generan alrededor de esta Ley, ya que la misma incluye también todo lo relativo a la Ley de Segunda Oportunidad. 
Esta nueva reforma de la Ley Concursal se produce una vez que España debe transponer la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europe y del Consejo de 20 de junio de 2019 sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas.
En el informe se destaca que el citado Anteproyecto favorece la refinanciación de las empresas y los acuerdos preconcursales, y concilia la satisfacción de los acreedores con la recuperación de la situación de solvencia empresarial. Además entre los objetivos de la nueva Ley Concursal también se señala la importancia de permitir dar salidas al deudor al margen del proceso concursal y de descongestionar los juzgados de lo mercantil. Asimismo se otorgan mayores atribuciones a los administradores concursales, exigiéndoles en consecuencia mayor responsabilidad, todo ello para asegurar la viabilidad empresarial o, en su caso, la solución más rápida del proceso concursal.
Puede acceder al documento con el contenido integro del Anteproyecto de Reforma de la Ley Concursal en este enlace: Anteproyecto de Ley Reforma L.Co._8.7.2021
La información oficial que ha trasladado el Gobierno concreta lo siguiente:

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley Concursal, continuación de la efectuada mediante el Real Decreto-Ley de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal, del 27 de marzo de 2009.

Tras la aprobación de esta norma, a fin de llevar a cabo una reforma de la Ley Concursal más profunda y equilibrada, se constituyó una Sección Especial de la Comisión General de Codificación, integrada por diecisiete expertos de distinta procedencia profesional jurídica y económica. La propuesta de esta Sección Especial constituye la base de lo que hoy se presenta como Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley Concursal.

El Anteproyecto, a partir del mantenimiento de los principios esenciales de la vigente Ley, se propone normalizar el papel del concurso y que se constituya como un instrumento al servicio de la viabilidad de las empresas y no sólo como fórmula para su liquidación cuando entran en dificultades.

La reforma profundiza en la línea de la simplificación, agilización y abaratamiento del proceso de concurso.

Entre los aspectos más relevantes de las reformas propuestas figuran:

  • El establecimiento de alternativas al concurso.
  • El desarrollo del procedimiento abreviado o simplificado.
  • La administración concursal.
  • Las reformas en materia laboral.

Alternativas al concurso

El Anteproyecto presta especial atención a las soluciones preconcursales como mecanismos alternativos que faciliten eludir la necesidad de ir a concurso y ofrece una salida a la situación de insolvencia del deudor, lo que permitirá descongestionar los Juzgados de lo Mercantil.

Los objetivos que se persiguen pasan por:

a) Facilitar, tanto las propuestas anticipadas de convenio como la conclusión de acuerdos de refinanciación de deuda entre el deudor y algunos de sus principales acreedores, dotándoles de seguridad y garantía en un eventual procedimiento concursal.

b) Impulsar los acuerdos extrajudiciales de refinanciación que permitirían, sobre la base de la continuidad de la actividad, maximizar el valor del patrimonio del deudor común, incrementando las posibilidades de que incluso los acreedores no intervinientes en el acuerdo puedan satisfacer en mayor medida sus créditos.

Para ello, por un lado, se aclara la exclusiva legitimación de la administración concursal para impugnar acuerdos de refinanciación; y, por otro, se hace una nueva regulación sobre los acuerdos de este tipo que pueden homologarse ante el juez.

Esta homologación judicial permite extender los efectos del acuerdo a otros acreedores, aunque se hubieran mostrado en contra o no hubieran participado en el acuerdo. Para ello ha de tratarse de acuerdos dirigidos a asegurar la continuidad de la actividad empresarial, según la certificación de un experto independiente.

Además, los acreedores que suscriben el acuerdo deberán ser financieros y representar, al menos, el 75 por 100 del pasivo (deuda). Si concurren esas mayorías y no suponen un sacrificio desproporcionado para los acreedores minoritarios, el juez lo homologará siempre con el objetivo de facilitar la viabilidad de la sociedad. Con esta reforma se potencia el crédito a las empresas que lo necesitan en estos momentos.

En línea con estos instrumentos preconcursales se introduce por primera vez la regulación del llamado “dinero fresco” que los acreedores inyectan a las empresas en dificultades en el marco de un acuerdo de refinanciación. La nueva norma establece que el 50 por 100 de ese dinero nuevo que llega a la empresa gracias al acuerdo de refinanciación, y que supone nuevos ingresos de tesorería para la misma, tiene la consideración de crédito contra la masa (prioridad de cobro), lo que supone la mayor garantía para las entidades financieras que concedan nuevos créditos para reflotar la empresa y un elemento más en la evaluación de la concesión crédito.

Desarrollo del procedimiento abreviado o simplificado

Con el fin de reducir tiempos y costes del proceso concursal se prevé que el juez podrá aplicar el procedimiento abreviado cuando considere que el concurso reviste escasa complejidad, atendiendo a una serie de datos objetivos sin perjuicio de la posible valoración individual que en cada caso pueda hacer, al igual que en otros casos, como cuando el deudor presente una propuesta anticipada de convenio, de transmisión de la empresa o cese de la actividad sin trabajadores a su cargo.

Administración concursal

Se avanza también en la profesionalización de la administración concursal, tanto por la vía de los requisitos de la responsabilidad, como de la capacitación de los mismos. En la reforma se considera la administración una pieza clave en la asistencia judicial, que puede ayudar a la descongestión de los Juzgados Mercantiles y reservar a sus titulares las funciones que constitucionalmente le corresponden.

Por ello, en la nueva Ley los administradores tienen la capacidad para subsanar los errores del listado de acreedores, lo que reducirá, en gran medida, las demandas de incidentes concursales, principal causa de retraso en los procedimientos.

Se potencia el nombramiento en cualquier concurso, sea ordinario o abreviado, de los auxiliares delegados y se introduce la posibilidad de que la administración concursal sea desarrollada por una persona jurídica, figura que podría denominarse como “sociedad de administración concursal”.

Reformas en materia laboral

La reforma de la Ley Concursal también pretende mejorar la posición de los trabajadores en los concursos manteniendo el criterio de atribución al juez del concurso de la jurisdicción exclusiva y excluyente, y manteniendo las reformas del Real Decreto Ley de 2009. Además, se incorporan las modificaciones de la reciente reforma laboral y se garantiza el respeto de los derechos de los trabajadores afectados por la situación de una empresa en crisis, adaptando la Ley Concursal, para que la declaración del concurso tenga en este sentido el menor impacto posible.

De este modo, se resuelven las dudas interpretativas suscitadas en orden a la participación de los representantes de los trabajadores, del FOGASA y las relativas a los procedimientos y recursos en materia laboral.

 

Anteproyecto de Ley Reforma L.Co._8.7.2021

El acuerdo extrajudicial de pagos, el primer paso esencial en el procedimiento de Ley de Segunda Oportunidad

En nuestra plataforma www.webdesegundaoportunidad.com ya hemos analizado cómo se desarrolla todo el procedimiento de la Ley de Segunda Oportunidad para que una persona física -ya sea un particular, un autónomo o un empresario-  pueda lograr la cancelación de una parte o de todas sus deudas.

Pero en esta ocasión queremos fijarnos en un parte clave de toda la gestión del procedimiento de la Segunda Oportunidad: el Acuerdo Extrajudicial de Pagos (AEP).

Tal y como detalla nuestro abogado y experto en Derecho Concursal, José María Puelles Valencia, “dentro del mecanismo para aplicar la Ley de Segunda Oportunidad, el primer trabajo siempre es analizar en profundidad cada caso para determinar si la persona que no puede pagar sus deudas reúne los criterios y requisitos para poder acogerse a esta Ley. Una vez que se determina que sí es posible, se inicia el procedimiento, abordando en primer lugar lo que se conoce como Acuerdo Extrajudicial de Pagos”.

No es sólo el paso inicial, asegura José María Puelles. “Estamos ante un trámite vital y de obligado cumplimiento, puesto que permite demostrar que la persona deudora está actuando de buena fe, un aspecto éste esencial para poder afrontar en caso de ser necesario la fase posterior de la ley de segunda oportunidad”.

De hecho, el Acuerdo Extrajudicial de Pagos es un mecanismo que permite a la persona deudora poder negociar estas deudas con sus acreedores. Para iniciarlo es necesario acudir al Registro Mercantil (empresario o autónomo) o al Notario (persona física). Una vez se acepte la solicitud, cada una de estas instancias según proceda deberá nombrar un mediador concursal. Este comprobará la documentación aportada y posteriormente convocará en el plazo de dos meses una reunión con todos los acreedores. El objetivo de esta reunión es reestructurar las cantidades económicas que  deben la persona, proponiendo un acuerdo o un plan de pagos que incluye quitas de un porcentaje sobre la deuda, esperas y aplazamientos en los pagos.

Aunque el proceso de negociación con los acreedores lo desarrolla este mediador concursal, es de gran valor contar con el asesoramiento de un profesional especializado. José María Puelles añade otro valor más: “es importante que sean profesionales especialmente sensibilizados con la situación y los graves problemas a los que se enfrenta una persona con deudas”.

La Ley de Segunda Oportunidad nos permite proponer un acuerdo a todos nuestros acreedores en función de los ingresos que tengamos, o los bienes y recursos disponibles, en en caso de que existan. Si la persona deuda propone quitas iguales o inferiores al 25%, con esperas de un máximo de 5 años, se necesita el respaldo del 60% de los acreedores. Si las quitas son superiores al 25% se necesita el respaldo del 75% de los acreedores. El resto de acreedores que no hayan aceptado la propuesta deberán acatarla, si se obtienen estos apoyos en cada caso.

Una vez suscrito el Acuerdo Extrajudicial de Pago, los acreedores deberán sacar inmediatamente a esta persona de los registros de morosos desde el momento de su aprobación. Además la persona deudora puede continuar con su actividad y se paralizan las posibles ejecuciones contra el deudor, ya sean de carácter judicial o extrajudicial.

Si no se alcanza este Acuerdo Extrajudicial de Pago con los acreedores el procedimiento de la Ley de Segunda Oportunidad pasa a una segunda fase: el inicio de la vía del concurso de acreedores ya en sede judicial, que en este caso se denomina concurso de acreedores consecutivo.

No obstante, la mejor recomendación para abordar esta nueva fase y poder obtener en la misma la cancelación parcial o total de las deudas -lo que se conoce como Beneficio de la Exoneración del Pasivo Insatisfecho– es que el juez vea el interés de la persona deudora por intentar pagar sus deudas con los recursos disponibles y haber ofrecido en la fase anterior una propuesta de pagos que objetivamente sea el fruto de un esfuerzo por parte del deudor. De ahí la importancia de haber afrontado el Acuerdo Extrajudicial de Pagos con el mejor asesoramiento y una propuesta posible, realista y bien trabajada.

José María Puelles y SEPIN organizan un Webinar sobre la segunda oportunidad en el Texto Refundido de la Ley Concursal

Tras el periodo de verano, el jueves 30 de septiembre José María Puelles Valencia, Administrador concursal y abogado y SEPIN Editorial Jurídica desarrollarán un Webinar para analizar desde un punto de vista práctico la Ley de Segunda Oportunidad y cómo afrontarla en el Texto Refundido de la Ley Concursal.

Más información e inscripción en este enlace: Webinar ‘La segunda oportunidad: Cómo afrontarla en el Texto Refundido de la Ley Concursal’

El Webinar se celebrará de 17 a 19 horas y en él se profundizará en el conocimiento práctico del desarrollo del concurso de la persona física en el Texto Refundido de la Ley Concursal. Para ello se analizarán todas sus fases y los aspectos que pueden suscitar una mayor polémica. En este sentido se abordarán los efectos que tiene para la persona física deudora el inicio de cada una de sus fases y la problemática que en cada caso pueda planteársenos.

El punto de partida es el estudio del Acuerdo Extrajudicial de Pagos (AEP), pasando posteriormente al concurso consecutivo, concluyendo la ponencia con el análisis del Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) y los efectos que produce en cuanto los créditos públicos y por alimentos, lo que ha sido objeto de una cierta polémica desde la promulgación del Texto Refundido de la Ley Concursal.

Todo ello se tratará en este webinar a través de una serie de esquemas prácticos que permiten el seguimiento de todo el proceso y de sus distintas posibilidades. Al final se analizarán una serie de supuestos especiales en relación con vivienda habitual, los planes de pensiones y los bienes necesarios para la actividad de la persona deudora, tras lo cual se concluirá con un turno de dudas y preguntas a cargo de las personas que asistan a este webinar