El Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla acuerda que la exoneración de deuda en los concursos de acreedores incluya el crédito público al ser aplicable ya la Directiva de la Unión Europea

Los magistrados que integran el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla han acordado aplicar desde ya, dentro de la normativa concursal española, las directrices que marca la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones. Este acuerdo tiene especiales consecuencias sobre la cancelación y exoneración de las deudas dentro de los concursos de acreedores de empresas y de los procedimientos de segunda oportunidad para personas físicas, particulares, autónomos y empresarios. 

Acceda aquí al documento íntegro con el Acuerdo del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla Acuerdo nº 8 – CREDITO PUBLICO Y DIRECTIVA

En este caso concreto, y siguiendo los criterios de la Directiva de la Unión Europea, los cinco jueces que conforman el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla han acordado que la plena exoneración de deudas no puede excluir el crédito público. De esta forma las deudas con Seguridad Social y Hacienda también pueden ser canceladas dentro de un concurso de acreedores o de un procedimiento de segunda oportunidad, aspecto éste no autorizado en el actual Texto Refundido de la Ley Concursal, la normativa vigente hoy en España en materia de Derecho Concursal.

El acuerdo de los magistrados tiene una notable incidencia sobre la gestión de los concursos de acreedores en España ya que supone adelantar los efectos de la Directiva Europea, cuyos contenidos y principios aún no están integrados en la Ley Concursal de nuestro país. Este mes de julio era la fecha límite para proceder a la transposición de esta Directiva Europea a la normativa concursal española, pero el gobierno solicitó una prórroga de un año (hasta julio de 2022), en virtud de las circunstancias especiales que la pandemia ha provocado sobre los concursos de acreedores.

Sobre el caso concreto de la exoneración de las deudas, el actual Texto Refundido de la Ley Concursal TRLC establece, respecto al crédito público y las deudas con Seguridad Social y Hacienda, que éstas en ningún caso serán objeto de exoneración. Pero los magistrados del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla en su acuerdo ya reseñan de forma clara que «la actual normativa entra en contradicción con la jurisprudencia emanada de las Sentencias del Tribunal Supremo de fecha no 381/2019, de 2 de julio y 90/2019, de 13 de febrero, lo cual ha supuesto generar una de las cuestiones más polémicas en torno al mecanismo de Segunda Oportunidad». 

Y es entonces cuando los magistrados invocan directamente a los principios de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019. En este sentido manifiesta en el acuerdo que “dicha Directiva establece la obligación de los Estados miembros de velar por que los empresarios insolventes tengan acceso al menos a un procedimiento que pueda desembocar en la plena exoneración de deudas. Así resulta de los Considerandos 1 y 5, y los artículos 20 y 22. 

La Directiva -continúan argumentando- no dice nada en particular del crédito público, sino que de forma insistente señala que los Estados Miembros deben tener sistemas que propicien la plena exoneración”, sin distinguir tipos de acreedores. «Ello permite sostener, de forma implícita pero clara (donde la norma no distingue, no procede distinguir), que la UE desea que el crédito público reciba el mismo tratamiento que cualquier otro. Y profundizan en sus argumentos al señalar que “una interpretación que dificulte la plena exoneración, es contrario a la finalidad de la citada Directiva». 

Por todo ello el acuerdo de estos magistrados establece, entre otras consideraciones:

  • Que la normativa actual supone un exceso del Texto Refundido de la Ley Concursal, correspondiendo al juez ordinario no aplicar los decretos legislativos en aquellos puntos en que la delegación hubiera sido excedida, y proceder a su inaplicación. 
  • Que las Directivas de la Unión Europea no solo producen efectos tras su transposición o tras la finalización del plazo de transposición, sino también antes de la finalización de dicho plazo mediante un efecto “anticipativo”. 
  • Que los Estados miembros deberán abstenerse de adoptar disposiciones que puedan comprometer gravemente el resultado prescrito por la Directiva y en aplicación del principio básico de lealtad a la Unión (artículo 4 del TUE). 
  • Que la interpretación por los Tribunales de la conformidad de la legislación estatal con la normativa europea es una obligación que se activa desde el mismo momento de la publicación de la Directiva, no cuando ha pasado el plazo de transposición, con la finalidad de evitar situaciones que supongan un obstáculo a su aplicación, tal y como señala la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Por tanto y en virtud de todos los argumentos utilizados los magistrados establecen en su acuerdo que en el caso concreto del artículo 491 del Texto Refundido de la Ley Concursal sobre la exoneración de deudas debe ser interpretado de conformidad con Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 de manera que desemboque en una plena exoneración de deudas, sin exclusión de crédito público. 

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