El Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla acuerda que la exoneración de deuda en los concursos de acreedores incluya el crédito público al ser aplicable ya la Directiva de la Unión Europea

Los magistrados que integran el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla han acordado aplicar desde ya, dentro de la normativa concursal española, las directrices que marca la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones. Este acuerdo tiene especiales consecuencias sobre la cancelación y exoneración de las deudas dentro de los concursos de acreedores de empresas y de los procedimientos de segunda oportunidad para personas físicas, particulares, autónomos y empresarios. 

Acceda aquí al documento íntegro con el Acuerdo del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla Acuerdo nº 8 – CREDITO PUBLICO Y DIRECTIVA

En este caso concreto, y siguiendo los criterios de la Directiva de la Unión Europea, los cinco jueces que conforman el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla han acordado que la plena exoneración de deudas no puede excluir el crédito público. De esta forma las deudas con Seguridad Social y Hacienda también pueden ser canceladas dentro de un concurso de acreedores o de un procedimiento de segunda oportunidad, aspecto éste no autorizado en el actual Texto Refundido de la Ley Concursal, la normativa vigente hoy en España en materia de Derecho Concursal.

El acuerdo de los magistrados tiene una notable incidencia sobre la gestión de los concursos de acreedores en España ya que supone adelantar los efectos de la Directiva Europea, cuyos contenidos y principios aún no están integrados en la Ley Concursal de nuestro país. Este mes de julio era la fecha límite para proceder a la transposición de esta Directiva Europea a la normativa concursal española, pero el gobierno solicitó una prórroga de un año (hasta julio de 2022), en virtud de las circunstancias especiales que la pandemia ha provocado sobre los concursos de acreedores.

Sobre el caso concreto de la exoneración de las deudas, el actual Texto Refundido de la Ley Concursal TRLC establece, respecto al crédito público y las deudas con Seguridad Social y Hacienda, que éstas en ningún caso serán objeto de exoneración. Pero los magistrados del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla en su acuerdo ya reseñan de forma clara que «la actual normativa entra en contradicción con la jurisprudencia emanada de las Sentencias del Tribunal Supremo de fecha no 381/2019, de 2 de julio y 90/2019, de 13 de febrero, lo cual ha supuesto generar una de las cuestiones más polémicas en torno al mecanismo de Segunda Oportunidad». 

Y es entonces cuando los magistrados invocan directamente a los principios de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019. En este sentido manifiesta en el acuerdo que “dicha Directiva establece la obligación de los Estados miembros de velar por que los empresarios insolventes tengan acceso al menos a un procedimiento que pueda desembocar en la plena exoneración de deudas. Así resulta de los Considerandos 1 y 5, y los artículos 20 y 22. 

La Directiva -continúan argumentando- no dice nada en particular del crédito público, sino que de forma insistente señala que los Estados Miembros deben tener sistemas que propicien la plena exoneración”, sin distinguir tipos de acreedores. «Ello permite sostener, de forma implícita pero clara (donde la norma no distingue, no procede distinguir), que la UE desea que el crédito público reciba el mismo tratamiento que cualquier otro. Y profundizan en sus argumentos al señalar que “una interpretación que dificulte la plena exoneración, es contrario a la finalidad de la citada Directiva». 

Por todo ello el acuerdo de estos magistrados establece, entre otras consideraciones:

  • Que la normativa actual supone un exceso del Texto Refundido de la Ley Concursal, correspondiendo al juez ordinario no aplicar los decretos legislativos en aquellos puntos en que la delegación hubiera sido excedida, y proceder a su inaplicación. 
  • Que las Directivas de la Unión Europea no solo producen efectos tras su transposición o tras la finalización del plazo de transposición, sino también antes de la finalización de dicho plazo mediante un efecto “anticipativo”. 
  • Que los Estados miembros deberán abstenerse de adoptar disposiciones que puedan comprometer gravemente el resultado prescrito por la Directiva y en aplicación del principio básico de lealtad a la Unión (artículo 4 del TUE). 
  • Que la interpretación por los Tribunales de la conformidad de la legislación estatal con la normativa europea es una obligación que se activa desde el mismo momento de la publicación de la Directiva, no cuando ha pasado el plazo de transposición, con la finalidad de evitar situaciones que supongan un obstáculo a su aplicación, tal y como señala la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Por tanto y en virtud de todos los argumentos utilizados los magistrados establecen en su acuerdo que en el caso concreto del artículo 491 del Texto Refundido de la Ley Concursal sobre la exoneración de deudas debe ser interpretado de conformidad con Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 de manera que desemboque en una plena exoneración de deudas, sin exclusión de crédito público. 

Cómo es el proceso para que una persona pueda acogerse a la ley de Segunda Oportunidad

Desde el año 2015 España cuenta con la Ley de Segunda Oportunidad, la herramienta que tienen las personas físicas, particulares, autónomos y empresarios para solicitar la cancelación de las deudas que no pueden pagar por falta de ingresos o de patrimonio para hacer frente a las mismas

Es, por tanto, una ley reciente que tiene poco recorrido y que es aún muy desconocida, ya que hasta ese año las personas físicas no disponían de un mecanismo como el que tienen las empresas para lograr negociar las deudas o su exoneración y cancelación total o parcial de las mismas.

La situación que ha generado la pandemia por la Covid-19 ha aumentado de forma muy significativa el número de personas particulares, autónomos y empresarios que están solicitando acogerse a la ley de segunda oportunidad, ya que no tienen capacidad para pagar sus deudas y se encuentran en una situación de bloqueo que les impide poder salir adelante o iniciar nuevos proyectos.

Y es que el gran objetivo de esta Ley de Segunda Oportunidad es que mediante la negociación o exoneración de las deudas cualquier persona pueda tener el derecho a emprender una nueva vida o reiniciar una actividad con la que poder seguir viviendo

Pero hacer uso del procedimiento de la Segunda Oportunidad no es un camino fácil para la persona que quiera solicitarlo. Es necesario contar con el asesoramiento de un experto en la gestión de esta Ley para determinar en primer lugar si la persona puede o no acogerse a esta Ley y en caso afirmativo dirigir el procedimiento.

El abogado y experto en Segunda Oportunidad, José María Puelles, es uno de los expertos más destacado en esta Ley y viene ayudando a numerosas personas a poder empezar de cero después de una mala racha.»Es fundamental -asegura José María Puelles- que con la información que nos facilite la persona que no puede pagar sus deudas podamos comprobar que se cumplan una serie de requisitos básicos».

El más importante es que la persona deudora haya actuado de buena fe, analizando para ello aspectos como no haber sido sido condenado por delitos socioeconómicos o por acciones contra la Hacienda Pública y/o la Seguridad Sociales, entre otros supuestos. Asimismo también se estudiará que el deudor no tiene bienes para hacer frente a las deudas

Con toda esta información trabajamos en un estudio previo de cada caso que permite determinar si la persona puede o no iniciar el procedimiento de la Segunda Oportunidad.  Si la respuesta es afirmativa se inicia el mecanismo para lograr la negociación o cancelación de las deudas.

El primer paso, de obligado cumplimiento es abordar la negociación de las deudas con los acreedores a través de un acuerdo extrajudicial de pagos. Para ello en primer lugar se presenta la correspondiente solicitud ante el Notario si es una persona física particular o ante el Registro Mercantil si la deuda afecta a un empresario. Aquí se asigna a un Mediador Concursal para que aborde el acuerdo extrajudicial con los acreedores.

Si la persona deudora no alcanza un acuerdo de pagos con los acreedores se inicia el segundo trámite: el concurso de la persona física. En este caso la solicitud se presenta ya ante el Juzgado para que éste analice toda la información de la persona deudora y aplique la Ley de Segunda Oportunidad. Nada más que el juez acepte el procedimiento  se paralizan todos los embargos, intereses de la deuda y procedimientos judiciales  que estuvieran en marcha contra el deudor.

A partir de aquí el abogado José María Puelles destaca que es esencial el trabajo del experto en Segunda Oportunidad para conseguir la cancelación parcial o total de las deudas y la obtención de lo que se llama como el Beneficio de la Exoneración del Pasivo Insatisfecho

José María Puelles codirige el Curso Superior de Especialización en Segunda Oportunidad que se celebra en Granada

José María Puelles Valencia y Javier Jiménez Chacón,  abogados, administradores concursales y expertos en la Ley de Segunda Oportunidad, están codirigiendo en Granada el Curso Superior de Especialización en Segunda Oportunidad de las Personas Físicas. El curso se estructura en 5 jornadas de trabajo que se desarrollarán hasta el próximo 30 de junio.

Se trata de una formación práctica orientada al ejercicio efectivo de los procedimientos de segunda oportunidad, tanto en su vertiente extrajudicial como judicial. La organización de este Curso corre a cargo de la Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas de Granada, donde participan el Colegio de Abogados de Granada y la Universidad de Granada.

Con este Curso se está formando a abogados y a otros profesionales en la Ley de Segunda Oportunidad, teniendo además en cuenta la inminente creación de un Turno de Oficio especializado en Segunda Oportunidad dentro del Colegio de Abogados de Granada.

Asimismo con esta actividad se pretende dar respuesta a la avalancha de procedimientos de Segunda Oportunidad que se avecinan como consecuencia de la situación de crisis económica padecida que ha generado la situación sanitaria por la Covid-19, todo ello en el marco del Nuevo Texto Refundido de la Ley Concursal RD 1/2020 de 5 de Mayo, en vigor desde el pasado 1 de septiembre de 2020.

Con un enfoque eminentemente práctico y orientado al ejercicio efectivo, en este Cursos se están analizando minuciosamente todas las fases del procedimiento, tanto en su vertiente extrajudicial como judicial. Junto a ello se están abordando casos prácticos, modelos y formularios, todo ello con el objetivo de que el asistente domine todas las fases del procedimiento y alcance uno de los objetivos fundamentales que habitualmente se persiguen con el mismo: el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI).

El Curso de Especialización sobre la Ley de la Segunda Oportunidad inicia su actividad

El mecanismo de Segunda Oportunidad para la exoneración de deudas requiere profesionales expertos para asesorar y guiar a las personas que se encuentran en esta situación y quieren iniciar el procedimiento para poder cancelar de forma total o parcial estas deudas

Este es el objetivo del ‘Curso de Especialización sobre la Ley de la Segunda Oportunidad’ que ha iniciado este 1 de junio su programa de formación on line. El curso está organizado por SEPIN Editorial Jurídica y está dirigido por el abogado, administrador concursal y experto en Segunda Oportunidad, José María Puelles Valencia, quien impartirá las cuatro sesiones formativas que se desarrollarán a lo largo del mes de junio.

En el curso participan abogados, economistas, mediadores y administradores concursales. Durante 4 sesiones los participantes podrán profundizar en el conocimiento práctico del mecanismo de la Segunda Oportunidad, de manera que puedan gestionar cualquier procedimiento y trazar las estrategias más efectivas de cara a la concesión de la exoneración de deudas a las personas físicas, autónomos o profesionales que no puedan afrontar el pago de sus deudas.

El curso cuenta con el patrocinio de Hermes Capital, Inmoconcursal y Viasubasta.

7 preguntas y respuestas útiles sobre la Ley de Segunda Oportunidad y la cancelación de deudas. 

El aumento del número de personas con incapacidad para poder pagar todas sus deudas no ha parado de crecer en el último año, según seguimos constatando en nuestra www.webdesegundaoportunidad.com. La crisis económica que ha provocado los efectos de la Covid 19 está afectando a muchas personas que hoy no tienen capacidad para poder afrontar sus deudas, una situación que puede crecer en los próximos meses.

Por ello están creciendo los procedimientos vinculados a la Ley de la Segunda Oportunidad, como mecanismo que está a disposición de las personas físicas que no tienen ingresos ni bienes para poder pagar sus deudas. En este artículo exponemos algunas preguntas y respuestas clave para entender la Segunda Oportunidad.

Si se encuentra en esta situación de deudas que no puede pagar y desea que estudiemos su caso puede ponerse en contacto con nosotros en el teléfono 95 692 11 12, a través de nuestra web en este Formulario de Contacto o bien a través de la dirección de correo electrónico jmpuelles@ribon.es

1.- ¿Qué es la Ley de Segunda Oportunidad?

La Ley de la Segunda Oportunidad es un procedimiento que permite a una persona física, a una familia, a un autónomo, a un profesional o a un empresario poder renegociar o cancelar sus deudas de forma parcial o total. 

El objetivo para todas estas personas es poder recuperar la capacidad de continuar adelante sin la presión de unas deudas que no se pueden atender con sus ingresos y bienes actuales, así como facilitarles que puedan emprender otro proyecto profesional o empresarial. 

2. ¿Hay condiciones para poder utilizar la Ley de la Segunda Oportunidad? 

Sí. Para que una persona pueda acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad es obligatorio cumplir una serie de condiciones y requisitos: No tener un patrimonio para saldar las deudas; que la cantidad adeudada a terceros no supere los 5 millones de euros y, sobre todo, que la persona deudora demuestre que ha actuado de buena fe.

3. ¿Qué recomendación práctica hay para poder usar el mecanismo de la Ley de la Segunda Oportunidad?

Una acción esencial es tener al lado a un profesional especializado y experto en la Ley de la Segunda Oportunidad que asesore y dirija todo el procedimiento desde el inicio; que tenga capacidad para negociar un acuerdo de pago con los acreedores y, si esto no es posible, poder afrontar la vida judicial para obtener la cancelación total o parcial de las deuda. Este profesional debe garantizarle una actuación responsable. Lo contrario puede suponer cerrarse las puertas de forma definitiva para poder optar al mecanismo de Segunda Oportunidad. 

4. ¿Como funciona el procedimiento de la Segunda Oportunidad para la eliminación de deudas?

La Ley de la Segunda Oportunidad permite 2 opciones a las personas con deudas que no pueden saldar: o bien poder llegar a un Acuerdo Extrajudicial de Pago con los acreedores (bancos, clientes, terceras personas…) según sus ingresos; o bien solicitar el Beneficio de la Exoneración del Pasivo Insatisfecho -BEPI- y la cancelación total de las deudas.

a) El acuerdo extrajudicial de Pagos. La primera fase del procedimiento es negociar con los acreedores un Acuerdo Extrajudicial de Pagos para el pago de la deuda, fijando unas nuevas condiciones de quitas o de reestructuraciones para poder devolver el dinero con un plan de pagos, según la cantidad económica que puede asumir la persona y los plazos.

Hay que tener en cuenta que la Ley de Segunda Oportunidad persigue que las personas deudoras tengan la opción de empezar una nueva vida sin deudas. Pero también busca proteger los derechos de cobro de los acreedores de las deudas.

El plazo de negociación extrajudicial es de 2 meses. Si se llega a un acuerdo con los acreedores, no es necesario acudir a la fase judicial. Si no es posible cerrar un acuerdo con los acreedores se pasa a una segunda fase que se desarrolla en Vía Judicial. 

b) La Vía Judicial. En la vía judicial se persigue la cancelación total o parcial de las deudas. Será ele juez quien determine el Beneficio de la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) una vez que hayamos justificado varios aspectos esenciales como:

  • Haber negociado de forma previa con los acreedores
  • Que la persona no pueda afrontar las deudas, habiendo devuelto todo lo que sus posibilidades e ingresos le permite.
  • Que carece de dinero y de bienes para poder pagar las deudas.
  • Que el importe total de todas las deudas estén por debajo de 5 millones de euros.
  • Que el deudor ha actuado en todo momento de buena fe.
  • Que es la buena fe

Haber actuado siempre de buena fe, es un aspecto general que debemos tener muy en cuenta a través de algunos comportamientos y acciones básicas. Además de todo lo anterior deben darse otras circunstancias:

  • Si la persona es profesional autónomo o empresario, no haber sido declarado culpable en el concurso de acreedores, habiendo cumplido con ello los plazos de solicitud del concurso o las acciones previstas de refinanciación o reestructuración para hacer frente a la insolvencia
  • Además autónomos y emprendedores no podrán solicitar el procedimiento de Segunda Oportunidad si ya lo ejercieron en los 10 años anteriores.
  • Que la persona no haya recibido una condena por delitos contra el patrimonio, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, contra el orden socioeconómico o por falsedad documental.
  • Que no haya rechazado durante los últimos 4 años una oferta de empleo adecuada a su formación y capacidad, aunque en este caso no se especifican ni las condiciones, ni la retribución de la propuesta laboral recibida.

5. ¿Qué deudas se pueden cancelar?

Una vez cumplidos todos estos criterios en vía judicial se pueden cancelar las deudas existentes con entidades financieras (préstamos personales, créditos rápidos o microcréditos, tarjetas revolvió…), así como con empresas, clientes o terceras personas. 

  • Las deudas con la Administración Pública (Hacienda o Seguridad Social) no se pueden cancelar en principio, aunque varias sentencias y el propio Tribunal Supremo han abierto la posibilidad a que sí se puedan exonerar total o parcialmente.
  • Respecto a las hipotecas sobre la vivienda habitual de la persona con deudas, al tramitar la Ley de segunda oportunidad, y tener la vivienda habitual en propiedad, el Juez analizará qué ocurre en función de cada caso: si la vivienda ya está pagada o tiene cantidades pendientes, la cantidad total que aun se debe, el valor de la vivienda, la cuota mensual de la hipoteca.

6. ¿Qué ocurre con la vivienda de la persona con deudas?

  • Para casos en los que la compra de la vivienda sea más o menos reciente, se haya amortizado una cantidad pequeña, y que además tenga una cuota mensual elevada; puede plantearse la dación en pago, es decir entregar la vivienda al banco a cambio de la deuda. Esto nos permitirá ya no tener bienes y poder conseguir la exoneración de las deudas pendientes.
  • Si el precio de la vivienda en el mercado, es superior al de la cantidad pendiente de pago de la hipoteca, con su liquidación se cancela la hipoteca y se puede destinar el sobrante a pagar otras deudas. En este caso, poco se podrá hacer y se perderá la vivienda.
  • La liquidación de la vivienda habitual sólo tiene sentido cuando el resultado sea económicamente favorable a los acreedores. Por ello si el valor de la vivienda es igual o inferior a la deuda pendiente de amortizar de la hipoteca, se puede plantear que la persona conserve la vivienda y siga pagando las cuotas 

7 ¿Las deudas se eliminan para siempre?

Las deudas desaparecen de forma total una vez transcurrido 5 años desde la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. Durante este periodo las deudas no se tendrán que pagar, pero es el plazo establecido para que los acreedores puedan solicitar una revisión del caso si se sospecha que el deudor no ha obrado de buena fe o ha mejorado sustancialmente su capacidad económica.

En lo que respecta al futuro, una persona que ya se ha beneficiado de la Ley Segunda Oportunidad podría volver a una vez que haya transcurrido un periodo de 10 años.